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El Consejo de Estado ha dictaminado que la inspección técnica de los vehículos de dos ruedas entre en vigor el 1 de octubre de 2022. También debería aplicarse a los turismos sin carné.
La introducción de la inspección técnica para vehículos de dos ruedas es una larga historia. El Estado favoreció una serie de medidas compensatorias de seguridad vial para evitar la ira de los motociclistas en virtud de un decreto que debía entrar en vigor en agosto de 2021, cancelado a petición de Emmanuel Macron. Pero el Consejo de Estado acaba de decir que debe estar en vigor el 1 de octubre de 2022.
Esto también puede afectar a los automovilistas, porque según el primer decreto, la prueba también se aplica a los vehículos de cuatro ruedas. Esto incluye los llamados modelos de cuatro ruedas sin carné. Esto también se aplica a vehículos como Aixam, Ligier y el Citroën Ami.
El calendario para la introducción de la inspección técnica de motocicletas ha sido cuestionado por varias asociaciones, que han remitido el asunto al Conseil d'État, dado que la fecha original del 1 de enero de 2023 era demasiado tardía.
En un comunicado de prensa, escribió: "El juez de medidas provisionales señala que la legislación europea exige esta inspección desde el 1 de enero de 2022 y que el Gobierno no ha renunciado a ninguna inspección técnica ni ha aplicado y declarado ninguna medida de seguridad en sentido contrario" Según la legislación europea, esto podría justificar la renuncia a la misma, ya que se limita a los proyectos que declaran tales medidas, que tienen efectos más o menos directos.
Además, "el juez consideró que no era razonable aplazar la fecha de entrada en vigor para los vehículos más antiguos más allá del 1 de octubre de 2022, dado el tiempo necesario para la aplicación sustancial de las inspecciones técnicas. Por estas razones, suspende ahora el calendario de decisiones del Gobierno".
El Consejo se pronuncia a favor de la aplicación de la ley por parte de la Asociación. Subraya que el decreto no ha sido modificado, "por lo que sigue siendo el estado definitivo de la ley ante el tribunal". El Gobierno había dejado claro a Europa su intención de recurrir a medidas compensatorias, pero "el juez de medidas provisionales subrayó que ni las instrucciones escritas ni las comunicaciones en la vista podían precisar el contenido de las medidas previstas". En cualquier caso, sea cual sea el contenido de las medidas notificadas, ninguna de ellas se ha aplicado".
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